El
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana quiere regular
definitivamente las infraestructuras de telefonía móvil en el
municipio, y prevenir con el desarrollo y aprobación de una nueva
ordenanza el incremento de la demanda de instalación de nuevas
antenas y su posible impacto urbanístico y medioambiental.
El
gobierno municipal es consciente que las nuevas tecnologías de la
comunicación con transmisión de datos del tipo smartphones, en un
municipio turístico como éste, donde es fundamental ofrecer los
servicios tecnológicos de Internet, están requiriendo ya de un
mayor número de infraestructuras urbanas para poder cubrir esa
demanda, “y se hace muy necesario articular medidas para, entre
otras razones, evitar su posible impacto medioambiental y
urbanístico”, afirma el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez.
Con
ese mismo objetivo, el concejal responsable del área de Servicios
Municipales, Ordenación del Territorio y Políticas Ambientales,
Fernando González Montoro, se reunía este jueves con representantes
de los principales operadores de telefonía móvil en el municipio
(Orange, Vodafone, Telefónica Móviles de España -Movistar- y
Yoigo) para, entre otros asuntos, informarles sobre la aprobación de
la nueva ‘Ordenanza Municipal reguladora de las instalaciones de
radiocomunicaciones en el municipio’.
La
nueva Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el pasado 4
de mayo con carácter inicial, sustituye a la anterior del 26 de
abril del 2002 y se encuentra ahora en fase de exposición pública
para alegaciones por espacio de un mes.
Desde
el Ayuntamiento se le ha solicitado a los operadores telefónicos que
en sus alegaciones sean muy directos y precisos con el articulado,
para poder concretar en lo posible su corrección técnica y agilizar
la aprobación definitiva del documento y la regularización de este
sector.
Objetivo:
planes técnicos
El
gobierno municipal PP-AV articula esta nueva ordenanza teniendo en
cuenta la creciente solicitud de licencias por parte de los
operadores en los núcleos urbanos, los expedientes de disciplina
urbanística abiertos por denuncias de los vecinos, los numerosos
informes de calificación de esta actividad emitidos por el Cabildo y
la utilización y demanda cada vez mayor de los espacios de dominio
público para la instalación de las antenas.
“El
objetivo del Ayuntamiento no está en regular sólo las actuales
instalaciones de radiocomunicaciones, sino también prevenir las
nuevas tecnologías que pudieran aparecer en el futuro y que podrían
suponer un incremento en el número de instalaciones”, afirma el
alcalde.
En
estos momentos, y según la última información oficial facilitada
al Consistorio por los propios operadores hace dos años, en los
núcleos urbanos del municipio se encuentran instaladas alrededor de
100 antenas de telefonía móvil: 31 de Movistar, 29 de Orange, 22 de
Vodafone y 17 de Yoigo.
No
obstante, en el Ayuntamiento, que ya ha detectado la localización de
instalaciones sin licencia, no se descarta que el número de antenas
ubicadas en el municipio sea superior, motivo por el cual también se
le ha solicitado en la última reunión a los operadores que en el
mismo plazo de exposición pública de la nueva ordenanza revisen y
actualicen la información facilitada, y cumplimenten en su totalidad
la ficha municipal con los planes técnicos al completo de cada una
de esas instalaciones.
“Esos
planes técnicos, que recogen distintos parámetros como la
ubicación, dirección, código de operador, número de autorización
y de certificación ministerial, fechas de licencia de obra y de
actividad clasificada, entre otros, tienen una enorme importancia
para el Ayuntamiento, porque nos permitirán completar fielmente el
mapa municipal de ubicación de las antenas y serán también, al
mismo tiempo, el instrumento que el Ayuntamiento utilizará para
autorizar o denegar las licencias, o para impulsar los procedimientos
de disciplina urbanística que sean necesarios en cada caso para
restablecer el orden frente a las infracciones”, afirma el edil
Fernando González Montoro.
Unificar
dispositivos
La
primera intención del Ayuntamiento es actualizar el catálogo y
registro público de antenas ya instaladas y comprobar si lo están
de forma legal o no, y si cumplen o no con la normativa de la nueva
ordenanza. Y, en el mismo proceso regulador, y debido a la necesidad
creciente de nuevas antenas y más próximas entre sí, motivar y
propiciar que los distintos operadores telefónicos puedan compartir
instalaciones e infraestructuras para una mayor integración
paisajística de las mismas y evitar de ese modo la multiplicación
de mástiles con proliferación de antenas en las cubiertas de los
edificios y su posible impacto urbanístico y medioambiental.
En
todo caso los operadores telefónicos han sido advertidos de que
aquellas instalaciones que no cumplan con la normativa municipal y no
puedan ser objeto de regularización serán suprimidas, y que el
mismo proceso se seguirá también con aquellas antenas que no
figuren finalmente en el catálogo público municipal de este tipo de
instalaciones al que por derecho podrán tener acceso los vecinos.
Ante
la previsible dificultad de que las operadoras compartan antena, el
Ayuntamiento intenta que los operadores al menos compartan mástil en
las cubiertas, de ahí que también se les haya solicitado qué tipo
de infraestructura concreta precisan para unificar esos dispositivos.
Al respecto, hasta ahora se detecta muy escasa colaboración entre
compañías, con la salvedad de la que mínimamente parecen ofrecer
Yoigo y Telefónica-Movistar en el uso compartido de instalaciones.
Respecto
de la vieja ordenanza, aprobada también durante el primer gobierno
del alcalde Marco Aurelio Pérez, la nueva -con sus 72 artículos
agrupados en 6 títulos- reduce la concentración de las
instalaciones; fomenta la utilización compartida de estas
infraestructuras para minimizar sus impactos; regula con mayor
precisión los distintos tipos de instalaciones; profundiza en el
control y medición de los niveles de emisiones radioeléctricas y
simplifica la exigencia documental para la tramitación de las
autorizaciones.
La
normativa municipal establece que no podrán legalizarse ni
autorizarse aquellas instalaciones radioeléctricas que figuren en
espacios sensibles o a menos de 100 metros de zonas calificadas con
usos educativo y sanitario, como guarderías, centros educativos o de
enseñanza, consultorios y centros de salud, hospitales, parques
públicos, residencias o geriátricos y centros socioculturales.
La
nueva ordenanza establece para las licencias una autorización
temporal de cinco años, condicionada a la obligación de presentar
los correspondientes planes técnicos, quedando excluidas de esta
prescripción las antenas receptoras de radiodifusión y televisión
lineales y parabólicas, y las utilizadas para los servicios de la
administración pública y de los cuerpos de Defensa, Seguridad
Pública y Protección Civil.
Los
operadores pagarán por
usar el dominio público
A
partir de ahora los operadores de telefonía móvil tendrán que
abonar al Ayuntamiento las tasas fiscales y permisos por licencias
urbanísticas de obras para la instalación de antenas y el uso del
dominio público municipal que hasta ahora no se estaban pagando.
Al
respecto, la Concejalía de Hacienda dirigida por la edil Gema Rojas
Hernández elevará al pleno de la Corporación municipal previsto
para este viernes una propuesta concreta para el cobro del
aprovechamiento especial del dominio público que realizan estas
empresas que suministran un servicio de interés general.
En
ese sentido, la cuota municipal que se establece para los servicios
de telefonía móvil será del 5% de los ingresos brutos que los
operadores telefónicos facturen anualmente por todos los servicios
que presten en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La
autoliquidación deberán presentarla con carácter trimestral.
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