El
Gobierno dibuja un marco general para el alquiler vacacional sobre el
que ayuntamientos y cabildos podrán establecer excepciones. El
consejero de Turismo, Cultura y Deportes justifica la tramitación de un
nuevo decreto en la necesidad de dar mejor solución a los problemas
detectados
El consejero de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, ha presentado hoy
el proyecto de borrador de decreto de alquiler vacacional que “ofrece un
marco general sobre el que ayuntamientos y cabildos podrán establecer
excepciones”. Castellano, que ha estado acompañado por el equipo del
área de Turismo, ha señalado que la nueva norma se justifica en la
aplicación de la experiencia adquirida y la evolución de este tipo de
oferta en el Archipiélago, y ha insistido en que “este texto lo que
regula es la actividad turística, que es lo que nos compete”. “Abordamos
desde ella un desarrollo sostenible, tal y como reflejan nuestras
normas, aunque las garantías al acceso a la vivienda no dependerán solo
de su entrada en vigor, sino de políticas transversales que afectan a
todas las administraciones públicas”.
Las cuestiones básicas que han regido
la elaboración de esta norma, según explicó son “la sostenibilidad del
modelo turístico; la compatibilidad o incompatibilidad de los usos
turísticos y residenciales; el derecho a la vivienda de los residentes;
las garantías laborales y el empleo del sector”.
El consejero de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado que ese marco general determina, en línea con el anterior decreto, que el alquiler vacacional se circunscribe a suelos de uso residencial no incluido en zonas turísticas, aunque “serán los cabildos y ayuntamientos quienes desarrollarán el planeamiento y podrán definir estándares de implantación”.
“El fenómeno del alquiler vacacional
no se desarrolla de la misma manera en todas las islas ni en todos los
municipios, por lo que la solución debe ser flexible”, algo que “sólo se
conseguirá si se incorpora a los cabildos y ayuntamientos a través de
sus instrumentos de planificación en ejercicio de sus competencias”.
Otra de las novedades que incluye este
proyecto de borrador, según ha explicado el consejero de Turismo,
Cultura y Deportes, es que, hasta que se apruebe el planeamiento
urbanístico, no se permitirá el uso vacacional de las viviendas cuya
solicitud de licencia de construcción tenga lugar con posterioridad a la
entrada en vigor del presente decreto.
Además, tal y como se anunció en su
día, el actual texto, que ahora ha de ser sometido a información pública
y a dictamen tanto de otros departamentos del Gobierno como de la Fecai
y la Fecam, establece la diferencia entre el propietario que posee una o
dos viviendas vacacionales y el explotador profesional, dado que
considera que, a partir de que se comercialicen tres viviendas
vacacionales, la actividad es profesional.
Del mismo modo, el proyecto de
borrador de decreto incluye la necesidad de respetar los convenios
colectivos también para los trabajadores del alquiler vacacional y
establece unos equipamiento y estándares mínimos que se han de cumplir.
“Por ejemplo”, manifestó, “en todo momento el propietario de la vivienda
deberá estar localizable tanto para el turista como para la comunidad”.
Otra de las novedades del proyecto de
borrador es que se fomenta la colaboración interadministrativa con
relación a la instauración de un procedimiento telemático que se pondrá a
disposición de los cabildos insulares a fin de garantizar la eficacia
en las tareas administrativas de inscripción y control.
En relación los canales de oferta
turística, estos serán responsables de la veracidad de la publicidad e
información que faciliten respecto al alquiler de viviendas
vacacionales, deben incluir el número de inscripción en el registro
general turística de la comunidad autónoma en todo tipo de publicidad y
deberán prestar colaboración a las administraciones públicas. Además,
deberán retirar la publicidad de aquellas ofertas que la administración
pública canaria les comunique que están en situación de ilegalidad.
Isaac Castellano insistió en que “las
líneas de trabajo que se han seguido para la redacción del proyecto de
decreto tratan de adaptar la oferta alojativa a la realidad del mercado
incrementando la calidad y la competitividad del destino; armonizar la
oferta de viviendas vacacionales con las necesidades de la población y
turistas, así como compatibilizar los nuevos usos con los recursos y
respetar su implantación proporcional y su integración en el entorno
económico, cultural, social y ambiental de cada isla, municipio y núcleo
turístico”.
El periodo de adaptación a la nueva
normativa será de seis meses desde su publicación y las viviendas que en
ese momento estén adecuadamente dadas de alta quedarán consolidadas. De
esta normativa, tal y como establece la Ley de las Islas Verdes, quedan
excluidas las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera.
