Los municipios solicitan que se tenga en cuenta los niveles de ocupación turística para definir los criterios por lo que se establecen los estándares para el cálculo de efectivos recomendables en los cuerpos policiales
El sector turístico en Canarias tiene una importancia y un peso tan relevante en la realidad social y económica del Archipiélago a través de los millones de personas que visitan las islas y conviven en los destinos municipales que, para la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), no puede ser obviado en el desarrollo del anteproyecto de ley de coordinación de policías locales de Canarias y de todas las políticas en materia de seguridad y servicios públicos que se desarrollen en las Islas.
Es la primera idea que la AMTC ha hecho llegar al Gobierno de Canarias a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), en un documento en el que propone más de 30 modificaciones al articulado del anteproyecto de ley y donde también expresa sus inquietudes por la poca sensibilidad con la realidad poblacional de los municipios que reciben el mayor número de turistas en las islas. En el documento, firmado por el presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, se explica que solo los municipios que forman la asociación, Adeje, Arona, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana y Mogán –muy pronto se unirá Pájara-, reciben 7,8 millones de turistas al año, lo que supone que “las personas que demandan servicios, entre ellos la seguridad ciudadana y la atención diaria, son el doble o el triple de los que tenemos en el padrón oficial”, según asegura Rodríguez Fraga.
El anteproyecto de ley no corrige los estándares de las normas marco que calculan el número recomendado de policías por habitante (establecidos en 1,8 por cada 1.000) y que permiten apenas un policía más por municipio en los casos de las ciudades turísticas. Estas normas solo contemplan la condición de vecino para las personas empadronadas y no tienen un cuenta que “miles de visitantes residen junto a nosotros en su calidad de turistas, lo que implica una necesidad mucho mayor de atención para todos ellos”, dijo Rodríguez Fraga, quien añadió que esta necesidad es aún mayor cuando se habla de “algo tan sensible y que marca la diferencia de Canarias como destino como es la seguridad”.
El presidente de la AMTC es consciente de que la ley permite a cada municipio tener el número de policías que considere, pero existen cuestiones superiores, como la ley de racionalización de la administración pública o la carta financiera de los ayuntamientos que en la realidad impiden aplicar ningún otro criterio de contratación de funcionarios. De esta manera, la asociación propone, en primer lugar, que se modifiquen los criterios que definen los estándares para el cálculo del número recomendable de efectivos policiales y que, en el caso de los municipios turísticos, se realice teniendo en cuenta el volumen de ocupación media, sumándolo a la población empadronada.
Igual de negativo para el correcto desempeño de las tareas de las policías locales ha sido la conocida como tasa de reposición de efectivos, que en el caso de la mayoría de los ayuntamientos turísticos ha impedido la creación de plazas de nuevo ingreso en los cuerpos de la policía local. Otros aspectos positivos y aplaudidos por la AMTC han llegado para mejorar la conciliación laboral de los funcionarios o sus períodos de descanso, lo que hace decrecer el número de efectivos reales para establecer turnos. En determinados períodos del año, todas estas circunstancias impiden que un servicio tan importante para la ciudadanía, especialmente sensible en municipios turísticos, se desarrolle de la manera necesaria. Por ejemplo, en verano, cuando muchos policías disfrutan de sus períodos de descanso es el momento en el que hay más turistas, se celebran mayor número de acontecimientos de carácter público o se desarrollan la mayoría de las festividades locales en los barrios.
Para acabar con esta circunstancia, la asociación no solo propone la ampliación de los cuerpos y el cambio de los ratios, sino que se cree un mecanismo ágil y eficaz que “posibilite la cesión temporal de efectivos entre municipios vecinos o limítrofes, de manera que en situaciones especiales se puedan cubrir vacantes o sustituir efectivos a través de convenios entre las diferentes entidades locales”, comenta el alcalde de Adeje. Para la asociación es primordial que se establezcan criterios rápidos y solventes que permitan que los cuerpos de policía local tengan siempre un mínimo de efectivos de servicio, ya sea a través de funcionarios interinos, de la creación de más plazas, con acuerdos con otras entidades públicas o privadas o ampliando la ficha financiera por ley porque “se trata de una cuestión de primer orden que debe tener soluciones rápidas y de un servicio imprescindible para la sociedad”.
La cuestiones económicas que avalarían estas solicitudes de la AMTC tienen que ver con la realidad que aportan los municipios a la economía regional. Se trata del 30% del PIB canario y del 53% del gasto turístico en las islas, lo que justificaría estas mayores inversiones. Precisamente, desde la AMTC se insiste en que los cuerpos de seguridad local deben tener una mejor financiación para cubrir necesidades clave en el buen desarrollo de su trabajo. “Los ayuntamientos somos los que dotamos económicamente a las policías locales, pero si la financiación que recibimos está muy por debajo de nuestra realidad poblacional no podemos ajustar esas cuentas para que estos cuerpos de seguridad cuenten con los mejores medios posibles o con toda la logística y la formación complementaria precisa para hacer su labor en las condiciones perfectas”.
La AMTC también considera que el anteproyecto de ley crea órganos innecesarios o redundantes, como las nuevas comisiones insulares de coordinación de la policía canaria, que pueden llegar a vulnerar los principios de autonomía y auto organización de las administraciones locales. Entre sus propuestas, la asociación también plantea la necesidad de que las policías locales puedan acceder a bases de datos internacionales, formulen acuerdos con otros cuerpos y que la ley se desarrolle de manera más efectiva en materias con carácter urgente o trascendente en las que está poco desarrollada o la indefinen como instrumento eficaz para la mejora del servicio público.
