El
Pleno aprueba por unanimidad la nueva Ordenanza municipal que ordena
y regula el espectro de las radiocomunicaciones tras desestimar dos
alegaciones presentadas a esta normativa por las compañías
Telefónica de España S.A. y Vodafón España durante el
período de exposición pública.
A
partir de ahora los operadores de telefonía móvil tendrán que
abonar al Ayuntamiento las tasas fiscales y permisos por licencias
urbanísticas de obras para la instalación de antenas y el uso del
dominio público municipal que hasta ahora no se estaban pagando.
La
cuota municipal para los servicios de telefonía móvil será del 5%
del total de los ingresos brutos que los operadores telefónicos
facturen anualmente por todos los servicios que presten en este
municipio, con la obligación de presentar dicha autoliquidación con
carácter trimestral.
Además,
con esta ordenanza el Ayuntamiento regula definitivamente las
infraestructuras de telefonía móvil en el municipio, y previene el
desarrollo e incremento futuro de la demanda de instalación de
nuevas antenas y su posible impacto urbanístico y medioambiental.
Según
el gobierno municipal que preside el alcalde Marco Aurelio Pérez,
ese aumento de la demanda provendrá del incremento cada vez mayor en
los núcleos urbanos de la transmisión de datos por Internet del
tipo smartphones.
Para
aglutinar el mayor consenso posible, esta ordenanza que sustituye a
la del 2002 fue dada a conocer a los principales operadores de
telefonía móvil antes de su aprobación inicial en el pleno del
pasado 4 de mayo.
“El
objetivo del Ayuntamiento no está en regular sólo las actuales
instalaciones de radiocomunicaciones, sino también prevenir las
nuevas tecnologías que pudieran aparecer en el futuro y que podrían
suponer un incremento en el número de instalaciones”, afirma el
alcalde.
Un
centenar de antenas
En
estos momentos en los núcleos urbanos del municipio se encuentran
instaladas un centenar de antenas de telefonía móvil: 31 de
Movistar, 29 de Orange, 22 de Vodafone y 17 de Yoigo. La nueva
ordenanza establece para las licencias una autorización temporal de
cinco años,
Los
operadores telefónicos han sido advertidos de que aquellas
instalaciones que no cumplan con la normativa municipal y no puedan
ser objeto de regularización serán suprimidas, y que el mismo
proceso se seguirá también con aquellas antenas que no figuren
recogidas en el catálogo público municipal de este tipo de
instalaciones al que por derecho podrán tener acceso los vecinos.
La
nueva promueve la reducción y concentración de las instalaciones de
telefonía, y fomenta la utilización compartida de estas
infraestructuras para minimizar sus impactos; regula con mayor
precisión los distintos tipos de instalaciones; profundiza en el
control y medición de los niveles de emisiones radioeléctricas y
simplifica la exigencia documental para la tramitación de las
autorizaciones.
La
nueva normativa establece que no podrán legalizarse ni autorizarse
aquellas instalaciones radioeléctricas que figuren en espacios
sensibles o a menos de 100 metros de zonas calificadas con usos
educativo y sanitario, como guarderías, centros educativos o de
enseñanza, consultorios y centros de salud, hospitales, parques
públicos, residencias o geriátricos y centros socioculturales.
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