El
Ministerio del Interior ha puesto ya fecha para comenzar a privatizar
la seguridad de los ciudadanos. A partir de octubre entraran en las
prisiones a hacer el trabajo de los guardias civiles las empresas
privadas de seguridad.
Asociación Unificada de Guardias Civiles,AUGC, indica en nota de prensa, que desde
que tuvo conocimiento de la intención del Ministerio de
acometer esta privatización la Organización ha dejado muy clara su
total oposición a esta medida, no sólo porque supone un primer paso
para comenzar a desmantelar la “seguridad pública”, sino porque
se está haciendo sin afrontar los verdaderos problemas que afectan a
este servicio esencial para el desarrollo de los derechos y
libertades de todos los ciudadanos españoles. Para AUGC se acomete
una privatización cuando antes habría que haberse planteado un
nuevo modelo policial que supere el patrón arcaico con el que
contamos en la actualidad. Un modelo altamente costoso, con
duplicidad de unidades y en el que ni si quiera se ha logrado la
plena colaboración entre los dos cuerpos que conforman las Fuerzas
de Seguridad del Estado: Policía y Guardia Civil. Por lo que AUGC
considera prioritario afrontar ese nuevo modelo policial en el que se
contemple la unificación de ambos cuerpos, ya que se abaratarían
costes y además se mejoraría la calidad del servicio que se ofrece
a la ciudadanía.
Añade en la nota, que da
la sensación de que este gobierno y este ministerio del Interior han
vuelto a recuperar la famosa premisa del que fuera delegado del
gobierno en Madrid, Francisco Ansuátegui, que pasará a los anales
políticos por su frase “quien quiera seguridad que la pague”.
AUGC no va a aceptar que se juegue con la seguridad de todos los
ciudadanos, que son además los que la pagan con sus impuestos. Y
espera que esta privatización no sea el primer paso hacia una
privatización a gran escala de la seguridad ciudadana, porque para
AUGC con la seguridad de los españoles ni se hace política ni se
juega.
AUGC
denuncia también que esta privatización de la seguridad en las
cárceles se está llevando a cabo sin ningún tipo de consideración
hacia los trabajadores –los guardias civiles-, a los que a día de
hoy, no se les ha notificado de manera oficial ningún tipo de
información sobre esta reforma, de la que son actores principales.
Pero además pretenden ponerla en marcha en el mes de octubre cuando
el nuevo curso escolar ya ha comenzado. Esto supondrá, además de un
grave perjuicio laboral para los agentes, una total falta de respeto
y consideración hacia sus familias, a las que les podría suponer
hasta un cambio de domicilio. Además, con esta decisión la
Dirección General de la Guardia Civil, más concretamente del DAO,
se va a faltar a la palabra dada a las asociaciones profesionales, a
las que se aseguro que el proceso de privatización se haría con
el menor perjuicio a los agentes y sus familias.
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