La
expropiación con carácter urgente en 1998 del suelo donde se
construyó el nuevo cementerio municipal del Lomo de Maspalomas, sin
esperar al necesario desarrollo del Plan Parcial de Ampliación del
propio Lomo de Maspalomas entonces en litigio, está requiriendo
ahora un esfuerzo negociador extra al grupo de gobierno PP-AV del
alcalde Marco Aurelio Pérez para evitar que el Ayuntamiento se vea
en la obligación de indemnizar cerca de un millón de euros, y no
seguir sumando a esa cuantía unos 25.000 euros anuales de intereses.
Aquella
expropiación en febrero de 1998 de 50.000 m² de suelo no
urbanizable “por causas de utilidad pública” a los hermanos
Manuel, Juan, Rosario y Susana del Castillo y del Castillo, e
iniciada por el Ayuntamiento a través de una moción del entonces
alcalde, acabó finalmente en los tribunales de Justicia por
desacuerdos en el justiprecio.
El
Ayuntamiento valoraba aquel suelo no urbanizable en 63 millones de
las antiguas pesetas, mientras que la familia del Castillo y del
Castillo llegó a pedir 625 millones de pesetas.
Tras
casi siete años de recursos judiciales contra la tasación de
mediados de octubre de 1999 por el que se fijó el justiprecio de la
finca expropiada, la sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo acabó dictando una sentencia el 12 de noviembre de
2007 donde fijaba una cantidad indemnizatoria de unos 872.000 euros a
los que habrían de sumarse los intereses legales correspondientes, y
que los recurrentes están ahora reclamando.
Obligados
a resolver
“Aquel
suelo parece ser que ya estaba adscrito a la titularidad del
Ayuntamiento por el Plan Parcial del Lomo de Maspalomas y que no era
necesario que se llevara a cabo una expropiación en la forma en que
se llevó. En cualquier caso, y pese a las dificultades económicas,
éste es un asunto que estamos obligados a resolver forzosamente
ahora y sin más demora independientemente de la actual situación de
crisis”, afirma el alcalde Marco Aurelio Pérez, porque se están
pagando anualmente unos 25.000 euros de intereses.
En
ese sentido, el primer edil reconoce que los terrenos no se
adquirieron de un modo convencional, y advierte que el Tribunal ha
acabado por fijar un justiprecio que valora finalmente el metro
cuadrado a 200 euros, por lo que el Ayuntamiento tiene la obligación
de indemnizar a sus propietarios con casi un millón de euros.
“Ahora
lo que estamos haciendo es negociar con los antiguos propietarios del
suelo para ver cómo podemos pagar eso, porque sinceramente no
tenemos capacidad para hacer frente a todas las sentencias que se
están viniendo contra el ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana”, asegura el alcalde.
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