Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Brigada Provincial
de Extranjería y Fronteras de Las Palmas de Gran Canaria, en
coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo de Las Palmas
y el Servicio Público de Empleo Estatal, ha procedido recientemente
a la desarticulación de un entramado delictivo dedicado a la
regularización de extranjeros mediante contratos falsos de empleo,
así como al cobro fraudulento de prestaciones por desempleo en Las
Palmas de Gran Canaria, utilizando para ello una pequeña empresa de
construcción y reformas que no ejercía actividad alguna, sino que
era usada como tapadera para realizar los fraudes mencionados.
La denominada “OPERACIÓN TORMENTA”, se ha venido desarrollando
desde el pasado mes de febrero del presente año, permitiendo hasta
el momento la detención de 23 personas, entre los que se encuentran
un empresario y un letrado especializado en temas de extranjería,
ambos afincados en Las Palmas de Gran Canaria. Entre los detenidos,
encontramos a seis españoles, doce marroquíes, cuatro colombianos y
un nacional de Brasileño
La investigación se inicia en febrero de este mismo año, tras
detectarse que esta falsa empresa de construcción se dedicaba a dar
de alta a ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de origen magrebí
y sudamericano, para que estos pudieran regularizarse en nuestro país
o renovar sus permisos, así como llevar a cabo reagrupaciones de sus
familiares desde sus países de origen, aportando para ello ante las
autoridades españolas nóminas ficticias y contratos de trabajos de
la empresa investigada con las que simular una capacidad económica
irreal. En este sentido, llamó sorpresivamente la atención de los
investigadores, el hecho de que en una pequeña empresa de
construcción diera de alta en la Seguridad Social en un periodo de
poco más de un año a cerca de doscientos cincuenta trabajadores,
en su mayoría ciudadanos extranjeros, más aún en el marco de
crisis económica en el que nos encontramos.
Además, la empresa era utilizada tanto por ciudadanos extranjeros
legales en territorio nacional como por españoles, dándose de alta
como “trabajadores” que sin tener actividad laboral alguna,
cotizaban en la Seguridad Social los periodos de tiempo necesarios
para conseguir las prestaciones por desempleo del INEM.
El titular la empresa J.G. M.A., era ayudado de manera directa de un
abogado/gestor llamado M.Á. G.T. y su secretaria D.M R.D, los cuales
estaban autorizados para utilizar el sistema informático “RED”
de la Seguridad Social, además eran los encargados de realizar las
altas y las bajas de los supuestos “trabajadores”.
Asimismo el titular de la empresa tenía a su vez una decena de
intermediarios de origen árabe, que se dedicaban a “captar”
clientes para dar de alta, no sólo en la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, si no en otras localidades de la isla de Gran Canaria e
incluso en la Península.
El “modus operandi”, consistía que una vez captado el nuevo
cliente, este inicialmente debía pagar 400 euros (100 para el
abogado/gestor y el resto para el titular de la empresa, que le daba
una comisión al intermediario), más una mensualidad de 200 euros
por cada mes que permaneciera de alta, además de facilitar al
trabajador algún tipo de documento de la empresa para presentar ante
las autoridades españolas como “reconocimiento de alta,
certificados, nóminas, etc”, debía de personarse en el despacho
del gestor con un papel “manuscrito” del empresario donde le
autorizaba a retirar dicha documentación tras comprobar que
estuviera al corriente en los pagos y entregar en mano al
abogado/gestor entre 30 y 50 euros por la confección del documento.
Destacar también que si el contrato solicitado o las nóminas debían
de reflejar altas cantidades para que los ciudadanos extranjeros
pudieran acogerse a la figura de la “reagrupación familiar”
recogida en el articulo 17 de de la Ley Orgánica. 4/2000 y sus
reformas, el precio aumentaba considerablemente, pudiendo llegar
hasta los 1.000 euros.
El titular de la empresa en ningún momento llegó a pagar las cuotas
de los trabajadores en la Seguridad Social, acumulando una deuda por
el momento de un valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL,
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS de euros
(653.429,27€).
Igualmente, ocurre con las subvenciones por desempleo que han cobrado
de manera fraudulenta por parte de los supuestos trabajadores de
dicha empresa,ascendiendo a un total de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL,
QUINIENTOS CUATRO EUROS, con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS de euros
(183.504,70 €).
El pasado día 25 de abril, se inició el dispositivo de localización
y detención de los principales implicados y se procedió igualmente
a realizar dos registros domiciliarios, uno en el domicilio del
empresario J. G. M.A. y otro en el despacho profesional del abogado
gestor M.A.G.T., incautándose en ambos lugares de abundante
documentación relativa a la investigación.
Curiosamente, el pasado 25 de abril en horas de mañana, mientras los
funcionarios daban cumplimiento al mandamiento de entrada y registro
dictado por la autoridad judicial para el despacho profesional del
letrado implicado, sito en la calle Panamá del barrio capitalino de
Guanarteme, se personaron más de una decena de ciudadanos
extranjeros dispuestos a “contratar” el servicio y convertirse en
nuevos trabajadores de la empresa investigada.
La investigación continúa abierta, esperándose tanto nuevas
detenciones como actuaciones sancionadoras por parte de la Inspección
Provincial de Trabajo y el Servicio Estatal de Empleo,
permaneciendo en prisión preventiva el titular de la empresa,
dictada por el Juzgado de Instrucción número DOS de Las Palmas,
titular de la causa.
