Agentes
de la Policía Nacional han detenido a 48 personas implicadas en una
trama de regularizaciones masivas de ciudadanos cubanos. Una abogada
y su pareja, naturales de Cuba y residentes en Gran Canaria,
falsificaban certificados de matrimonio y concertaban bodas de
conveniencia para tramitar reagrupaciones familiares y para obtener
nacionalizaciones. Cobraban 6.000 euros por un paquete que incluía
un matrimonio, una agrupación, la adquisición de la nacionalidad
española y un divorcio de mutuo acuerdo. El objetivo de la mayoría
de los regularizados era llegar a EEUU vía México, utilizando la
documentación adquirida en España.
En
2010, los investigadores detectaron una importante actividad por
parte de una abogada, natural de cuba, especializada en la
tramitación de reagrupaciones familiares y de nacionalizaciones de
ciudadanos de su país de origen. Durante la investigación los
agentes comprobaron que esta letrada y su pareja, un hombre
nacionalizado español cubano de nacimiento, estaban concertando
matrimonios de conveniencia para introducir ilegalmente en España a
ciudadanos cubanos o bien para regularizar a residentes ilegales en
nuestro país de esta misma nacionalidad.
Para
comprobar la veracidad de estas informaciones se realizó un estudio
pormenorizado de posibles enlaces matrimoniales fraudulentos
inscritos en los registros civiles de Gran Canaria. Observando la
documentación aportada para acreditar estas bodas, se comprobó que
la mayoría de los matrimonios celebrados en la Isla y tramitados por
esta abogada, presentaban claras irregularidades.
A
partir de esta información, los agentes centraron su investigación
en las actividades de esta letrada y de su entorno. Comprobaron que
esta mujer y su pareja ofrecían a ciudadanos cubanos que residían
de forma irregular en España, la posibilidad de regular su
situación. También establecían contactos en Cuba con personas
interesadas en viajar a nuestro país en calidad de reagrupados. Los
dos métodos utilizados eran vía matrimonio de conveniencia, por el
que cobraban 6.000 euros, o bien falsificando certificados
matrimoniales que permitieran tramitar un permiso de residencia por
reagrupación familiar.
Multirreagrupaciones
y regularizaciones encadenadas
Al
revisar los expedientes de reagrupación tramitados por la abogada
investigada, los agentes comprobaron que familias enteras de Cuba
eran introducidas en Gran Canaria a través de distintos matrimonios
“encadenados”. Además, se observó que todos estas bodas eran de
residentes en la localidad de Vecindario (Gran Canaria). Los propios
reagrupados de forma irregular participaban, una vez divorciados de
mutuo acuerdo, en nuevos enlaces para regularizar a compatriotas. De
esta manera favorecían la inmigración irregular de otros
compatriotas y recuperaban al mismo tiempo parte del dinero invertido
en su regularización.
Los
investigadores han analizado más de 100 expedientes fraudulentos y
han investigado a 150 personas, procediendo hasta el momento a la
detención de 48 personas (la mayoría de origen cubano). Gran parte
del resto de implicados tenían como objetivo desplazarse en avión a
México, utilizando la documentación obtenida en España, para
posteriormente dirigirse por tierra a Miami (EEUU).
Menores
con padre o madre de conveniencia
Todas
estas irregularidades han provocado, en algunos casos, que hijos
nacidos en España de ciudadanos reagrupados de forma irregular,
tuvieran legalmente reconocido como padre o madre a un falso
contrayente.
Estafas
a parejas reales
Esta
pareja tenía otra fuente de ingresos ilícita al margen de las
regularizaciones fraudulentas. Ofrecían a parejas reales
tramitaciones “rápidas” de expedientes de matrimonio en Gran
Canaria. Aseguraban tener contactos en cuba que les proporcionarían
rápidamente la documentación requerida en España para tramitar los
enlaces. En realidad les facilitaban documentos falsificados que en
la mayoría de los casos eran detectados como tales y provocaban que
los interesados fueran detenidos como presuntos autores de un delito
de falsedad documental.
La
operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo I de la UCRIF
de Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de las Palmas
de Gran Canaria, con la colaboración de la Brigada Local de
Extranjeros de la Comisaría de Maspalomas.
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