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sábado, 23 de junio de 2012

El alcalde confía en cobrar la licencia de la cárcel de Juan Grande


  El alcalde de San Bartolomé de Tirajana ha confirmado que el Ayuntamiento y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) están manteniendo conversaciones de trabajo muy avanzadas sobre la recepción municipal de las redes de abastecimiento, depuración y saneamiento de la cárcel de Juan Grande.



  Todo indica que en esas conversaciones para que el Ayuntamiento agilice la recepción oficial de estas redes se incluye como demanda municipal la liquidación del impuesto sobre construcciones que la SIEP no ha abonado aún al Ayuntamiento por la edificación del Centro Penitenciario Las Palmas II, pese a que ésta tuvo lugar durante la legislatura anterior y que se eleva a 2.696.716 euros.



  Al respecto, el alcalde expresó este viernes su “esperanza” de que la SIEP acabe pagando este impuesto de obra mayor, sobre el que ya se ha pronunciado la Junta de Gobierno Local a primeros de este mes de junio adoptando el acuerdo con carácter urgente y por unanimidad de solicitar el pago de esa liquidación, que atiende a un informe de valoración de las obras realizadas por un importe total de 84.272.390 euros.



  Estamos haciendo las cosas de manera correcta. Sobre el proyecto de obras para la cárcel que estaba presentado en el Ayuntamiento hemos practicado la correspondiente liquidación del impuesto de construcciones y se lo hemos comunicado a la SIEP”, afirmó el alcalde.



  Marco Aurelio Pérez sostiene que las conversaciones que el Ayuntamiento está manteniendo con dicho organismo estatal se están desarrollando “con espíritu de entendimiento y en un clima de mutua colaboración. Hemos emitido un acto administrativo firme contra el que sólo caben dos actuaciones: pagar o recurrir”.



  Sobre este último, en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se considera bastante improbable que suceda debido a la existencia de jurisprudencia devenida de sentencias judiciales de los tribunales superiores de Justicia de Madrid, Castilla y León y Galicia sobre los recintos carcelarios de Soto del Real, Segovia a A Lama, respectivamente.



  La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios construyó el Centro Penitenciario Las Palmas II, en Juan Grande, por medio de la unión temporal de las empresas Dragados S.A. y Matías Marrero Construcciones y Obras S.A. con un coste inicial de unos 70,5 millones de euros.



  El gobierno municipal inició el expediente para la reclamación del pago del impuesto de construcción de la cárcel a la SIEP en enero del año pasado, tras comprobar que el gobierno anterior nunca tramitó la solicitud de ese pago como corresponde a cualquier otra licencia de obra urbanística mayor, con independencia de que en su momento aquella fuera declarada de interés público general.

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